Mientras continúa la discusión de si lo que se ha hecho hasta hoy en contra de  los llamados "cárteles inmobiliarios" y otras redes de corrupción en regiones y municipios, la Fiscalía General del Estado no para de informar de resultados: del 28 de julio al 3 de agosto, obtuvo 110 vinculaciones a proceso por diversos delitos en todo Veracruz.

Resultados que no son menores, sobre todo si se comparan con los de anteriores Fiscales y que demuestran que la política de coordinación de las autoridades federales, estatales y municipales diseñada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, va caminando también en Veracruz.

Resultados imposibles de minimizar, pues los recientes datos confirman que la maquinaria ministerial mantiene actividad constante para esclarecer y poner en manos de jueces: Homicidios, robos, narcomenudeo, violencia familiar, delitos sexuales, fraude y falsificación de documentos que forman parte de los expedientes que avanzaron esta semana.

Sin embargo, cuando se habla de delitos que operan mediante estructuras de corrupción —como los despojos patrimoniales— la expectativa ciudadana va más allá del número de vinculaciones. Lo que la sociedad espera es que también se rompan las cadenas completas de complicidad y no sólo se procese a los eslabones más débiles.

Porque una estadística siempre será positiva. Pero el verdadero mensaje llegará cuando las investigaciones alcancen a quienes diseñan, coordinan o protegen esas redes.