La detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, sacudió nuevamente uno de los casos más sensibles de la política mexicana durante el periodo de Peña Nieto: ¡Ayotzinapa!

Las reacciones eran previsibles. Morena la presentó como un paso contra la impunidad; sectores del PRI hablaron de una posible persecución política; el PRD marcó distancia; mientras los familiares de los 43 normalistas pidieron prudencia y exigieron que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias.

Pero la noticia de fondo no son las declaraciones.

Lo relevante es que la investigación ya no sólo alcanza a policías, funcionarios menores o integrantes del crimen organizado. Ahora toca la puerta del más alto nivel político que gobernaba Guerrero en 2014.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que no existe motivación política y que la captura deriva del reanálisis de expedientes realizado por la FGR.

En el extranjero, medios como CNN en Español y France 24 destacaron la detención como un nuevo giro en uno de los expedientes más observados por organismos internacionales de derechos humanos.

La pregunta que queda abierta es inevitable: ¿Será éste el inicio del desmontaje definitivo de la llamada "verdad histórica"; o apenas un nuevo capítulo de una investigación que, doce años después, sigue sin ofrecer respuestas completas?