“Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida”. – Pitágoras.

La Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) ha sido, durante años, una institución atrapada entre su noble vocación social y una maraña administrativa que terminó por asfixiarla. La determinación de la gobernadora Rocío Nahle García de impulsar una transformación de fondo no es menor: implica meter bisturí donde antes hubo tolerancia, omisión o complicidades silenciosas. Y como suele ocurrir cuando se decide poner orden, el costo político no tardó en aparecer.

Los trastupijes detectados al interior de la UPAV —expuestos desde la subsecretaría de Educación Media y Superior— revelaron una realidad incómoda: uso discrecional de recursos, opacidad en la recaudación de ingresos propios y una débil rendición de cuentas.

David Jiménez, hoy subsecretario y antes pieza clave en la detección de estas irregularidades, se convirtió de pronto en blanco de ataques que buscan cargarle “todos los males de Veracruz y lugares circunvecinos”. El libreto es viejo: desacreditar al mensajero para desviar la atención del mensaje.

La reforma aprobada por el Congreso local, con una mayoría clara aunque no unánime, redefine la naturaleza jurídica y operativa de la UPAV y envía una señal política contundente: se acabó la discrecionalidad. Al establecer procedimientos claros de recaudación, administración y vigilancia del patrimonio universitario, el nuevo marco legal intenta cerrar las rendijas por donde durante años se filtraron abusos.

Que los ingresos sean recaudados exclusivamente a través de la Oficina Virtual de Hacienda, que el rector deba presentar un presupuesto anual aprobado por la Junta de Gobierno, que el patrimonio sea equiparado al dominio público del Estado —inalienable, inembargable e imprescriptible— no son simples tecnicismos administrativos. Son candados diseñados para evitar que la universidad vuelva a ser tierra de nadie.

Más relevante aún es la incorporación de indicadores de gestión, desempeño y financieros, así como la obligación expresa de generar alertas ante un uso indebido de los recursos. Esto rompe con una cultura institucional donde el desorden era normalizado y la fiscalización vista como amenaza, no como herramienta de mejora.

Desde luego, ninguna reforma legal garantiza por sí sola el éxito. El verdadero reto vendrá en la implementación, en la voluntad política de sostener el cambio cuando empiecen las resistencias internas y los ataques externos. Porque transformar la UPAV no sólo implica ordenar cuentas; significa desmontar redes, hábitos y privilegios construidos durante años.

En ese contexto, la decisión de Rocío Nahle no es neutra ni cómoda. Es una apuesta por la institucionalidad, aun sabiendo que tocar intereses genera ruido. La pregunta ya no es si la UPAV necesitaba esta cirugía mayor —eso parece indiscutible—, sino si Veracruz está dispuesto a asumir el costo de dejar atrás un modelo donde la educación popular era usada como coartada para el desorden financiero.

Al tiempo.

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“X” antes Twitter: @LuisBaqueiro_mx