Corre ya marzo, con el que se cerrará el primer trimestre del año, mes en el que deberán ser entregadas las obras públicas pendientes de 2025, que debieron haber sido concluidas y puestas en servicio en diciembre pasado. El compromiso oficial es que cumplirán, por lo que en los siguientes 29 días Veracruz deberá ser otro si en efecto se cumple.

Como es del dominio público, el rezago que se tiene es por el retraso con el que se iniciaron los trabajos el año pasado, prácticamente ocho meses después de iniciado 2025, sin que hasta la fecha se haya dado una explicación de por qué, porque se supone que dinero había, ya que la propia gobernadora ha dicho que el problema en Veracruz no es el dinero.

Al margen de lo pendiente, el Artículo 23 de la Ley de Obras Públicas actualizada por la gobernadora en agosto pasado, establece muy claramente que los Entes Públicos, según las características de complejidad y magnitud de los trabajos, formularán sus programas anuales de obras públicas, así como los que abarquen más de un ejercicio presupuestal, con sus respectivos presupuestos. En caso de tratarse de obras multianuales, comprenderá el presupuesto total, exceptuándose los casos en que la obra se realice por etapas.

El programa de la obra pública –establece la normatividad– indicará las fechas estimadas de inicio y terminación de todas sus fases, considerando las acciones previas a su inicio y las características ambientales, climatológicas y geográficas de la región donde deba realizarse. Pero resulta que es la fecha y hora en que para nada se habla de lo que se tiene programado para construir este año, por lo que todo indica que se volverá a repetir el problema del año pasado.

Se paran el cuello con el trabajo de la SICT

La mayor parte de las carreteras del estado siguen como para ponerse a llorar por el muy mal estado en que se encuentran, con la excepción de los tramos a los que les ha metido mano la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), trabajos con los que se para el cuello y se quiere adornar el Gobierno del Estado presumiéndolos como si fueran suyos. No han anunciado qué obras se harán ni cuándo se licitarán o adjudicarán, y el tiempo corre.

La ley respectiva bien indica que las obras deben tener estimadas las fechas de inicio y conclusión considerando “las características ambientales, climatológicas y geográficas de la región” donde deban realizarse. Se supone que esto no se puso en el texto nada más porque a alguien se le ocurrió, sino porque la experiencia ha enseñado que si no se aprovechan los tiempos de secas, cuando se puede trabajar y avanzar bien, luego la situación se complica.

Marzo y abril son buenos meses para hacer obras, porque ya en mayo vienen las lluvias, aunque todavía junio, julio y agosto permiten construir bien. Por lo pronto, ya se perdieron los primeros tres meses del año. En el actual gobierno se atienen a y han distorsionado la excepción del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) que permite aplicar recursos del año anterior hasta marzo del siguiente. Pero debe ser una excepción por causas verdaderamente especiales. Todo el recurso que no se ejerza deberá ser reintegrado al gobierno federal.

Si esto llega a suceder, el problema se agrava pues se recortan recursos para el próximo año en las áreas en las que no se ejercieron, ya que el gobierno federal da por hecho que si no se usaron fue porque no se necesitan. Colateralmente se dañan las economías regionales y se daña la generación de miles de empleos por la mano de obra que se desaprovecha.

Con algo más. De hecho, este es el único año que tiene el gobierno para trabajar de tiempo completo sin distraerse ni distraer recursos, ya que en 2027 viene la elección de diputados locales y federales, están considerando que en 2028 sea la elección de lo que falta para renovar el Poder Judicial y la consulta de revocación de mandato, si no la evitan, en 2029 vendrá el cambio de autoridades municipales, y 2030 será el año de la renovación de la gubernatura.

Gravita en contra, además, el hecho de que al frente de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas está una persona que no conoce el estado (Leonardo Cornejo Serrano, originario de Guanajuato, quien nunca antes había vivido en Veracruz), cuya trayectoria y experiencia se reducía a Pemex antes de llegar a la SIOP.

El argumento de una madre con dos hijos desaparecidos

“Los hijos no son negociables, son dolor, desesperación, tristeza, impotencia, depresión y uno no tiene por qué negociar los hijos, están pidiendo algo que no nos corresponde”, declaró, y yo creo que con toda razón, la madre buscadora de dos hijos desaparecidos, Elvira Gómez López, del colectivo Madres Luna de la Cuenca. Se pronunció a propósito de la protesta y toma de las oficinas de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV), con el consiguiente cierre de un tramo de la avenida Américas.

Argumentó la señora que cuando las madres realmente están buscando a sus hijos no tienen tiempo de hacer protestas, e hizo un serio señalamiento contra quienes se manifestaron este lunes: solo quieren seguir gozando de privilegios que “en otras administraciones se les dieron”. En realidad, se refería a la pasada administración de Cuitláhuac García Jiménez. Aclaró que ella no defiende a nadie, pero por lo que dijo da la razón a la actual titular de la CEEAIV, Namiko Matzumoto.

Esta, por separado, dijo que los apoyos que se les dan a los colectivos no han sido cancelados, pero que a diferencia de su antecesor en el cargo, ella está pidiendo que se cumpla con la normatividad de que se compruebe el gasto de los recursos, pues cuando llegó al cargo se encontró con que hay 25 millones de pesos entregados en el pasado reciente sin soporte documental. Recordó que se trata de recursos públicos y que se deben ejercer con transparencia.

El tema es delicado, pero, en mi caso, creo que Elvira tiene la razón y Namiko también. Con o sin recursos, cualquier padre con hijo desaparecido lo busca sin más límite que sus fuerzas, hasta donde se lo permitan, y para esa causa son inagotables.

De todos modos, las inconformes dijeron que los apoyos que reciben para diligencias y búsquedas son comprobables y que han entregado documentación cuando se les ha requerido. “Las comprobaciones las comprobamos. A veces se atrasaban, pero eso no quiere decir que no podamos comprobar los 350 pesos de alimentos que nos dan cuando vamos a búsqueda”. De acuerdo a esas madres buscadoras, el problema central no es administrativo, sino de “trato institucional y restricciones operativas”.

Ojalá y no se desvirtúe una buena causa, se aclare la situación y todo marche en orden, que es decir, con transparencia.

Una foto da sentido a comentario de Julio Scherer en su libro

En su libro Ni venganza ni perdón, Julio Scherer Ibarra menciona que Rocío Nahle como Secretaria de Energía fue manipulada por Manuel Bartlett, director entonces de la Comisión Federal de Electricidad. El exconsejero Jurídico de la Presidencia los señala como responsables de la destrucción de manglares en el terreno en que fue construida la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, sin permisos ambientales. Nahle respondió acusando de desleal a Scherer.

Fotografías publicadas el domingo con motivo de un festejo por los 90 años del exSecretario de Gobernación priista, en la ciudad de Puebla, dan sentido a la relación que señaló Scherer. Ahí estuvo, entre dinosaurios tricolores, el Secretario de Finanzas del gobierno de Rocío, Miguel Reyes Hernández, lo que necesariamente hace pensar y creer entonces que Bartlett se lo impuso y vaya uno a saber si hasta influye en el manejo de las finanzas estatales.

Eso me explica también porque Reyes Hernández combate y bloquea a secretarios de despacho de la propia administración de Nahle, e incluso ha desatado comentarios mediáticos en contra de varios de ellos, aunque estos aguantan vara y permanecen callados. Ahora se entiende porqué se cree y siente poderoso, si sabe que la sombra de su poderoso padrino cubre a la gobernadora. Ver para creer.