Prefacio.

Desde los tiempos de Cuitláhuac García, ya con Verónica Hernánde como titular de la Fiscalía de Veracruz, el gobierno estatal insistía en que Gregorio “Goyo” Gómez Martínez, exalcalde de Tihuatlán, era la cabeza de una organización criminal. *** Se acabó aquella administración y ha transcurrido un año de la actual, y no han conseguido una sentencia firme contra el “Goyo” Gómez. Lo único que ha quedado confirmada es la fuerte influencia política de este personaje en el norte de la entidad. *** Desde su casa, donde se encontraba detenido a partir de una medida cautelar de prisión domiciliaria, “Goyo” Gómez operó en las elecciones municipales del año pasado y le asestó fuertes golpes a los candidatos de Morena y sus aliados. *** Esos “pecados” no podían quedarse sin castigo. Mediante una “chicanada”, la Fiscalía consiguió que sin que mediara una audiencia, un juez autorizara el traslado del “Goyo” Gómez, desde su prisión domiciliaria, hasta una celda en el penal de Pacho Viejo. *** Con el pretexto de que se había detectado un supuesto derrame de hidrocarburos muy cerca de la casa del “Goyo” Gómez, la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales envió el oficio FGE/FIM/114/2026 y el Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Xalapa, Álvaro Vázquez Campa, ordenó la modificación de la medida cautelar de resguardo domiciliario por la de prisión preventiva justificada. *** El juez determinó que el reingreso de Gregorio Gómez al penal de Pacho Viejo era una medida “necesaria” para prevenir daños a la salud de los residentes, del personal de Seguridad Pública que lo vigila y del propio acusado. *** “Goyo” Gómez enfrenta el proceso penal 115/2024-J por su probable intervención en el delito de homicidio doloso calificado. La vigencia de la nueva medida cautelar se fijó hasta el 7 de marzo de 2026.

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La noche del jueves de la semana pasada, el joven periodista Carlos Leonardo Castro fue asesinado a balazos por sujetos que ingresaron a un restaurante propiedad de la familia de la víctima, en la transitada avenida 20 de Noviembre de Poza Rica.

El ataque se dio en momentos especialmente delicados para el gobierno de Rocío Nahle. Apenas un par de semanas antes se había exhibido a nivel nacional la detención de un comunicador de Coatzacoalcos, a quien la Fiscalía de Veracruz le atribuía la comisión del delito de “terrorismo”, hecho que fue descalificado por la presidente Claudia Sheinbaum, al grado de que las autoridades en Veracruz (la gobernadora primero y más tarde la fiscal general) retiraron esa imputación al periodista Rafael León Segovia, aunque fue vinculado a proceso por otros dos delitos, lo que le dio elementos al juez de control para imponerle la medida cautelar de prisión domiciliaria.

Y mientras se debatía sobre si la detención de Rafael León había sido un acto de represión, en Poza Rica -municipio que mantiene los altísimos niveles de violencia de los últimos años- se registró el ataque contra el joven periodista, quien en 2024 había gestionado el protocolo de protección a periodistas que ofrece el gobierno federal, a partir de un conflicto que se presentó con elementos de la policía municipal de Poza Rica, durante una cobertura informativa.

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, confirmó que se le había asignado protección, pero aclaró que le fue retirada cuando Carlos Castro optó por abandonar la ciudad de Poza Rica. Meses después volvió -explicó la funcionaria- pero ya no solicitó que le fuera reasignada la protección.

Frente a la crisis política que esto le ha generado, la gobernadora Rocío Nahle optó -como lo ha hecho en casos similares- por mandar a sus esbirros a dar la cara. En esta ocasión le tocó esa tarea a la nueva titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Lisbeth Aurelia Jiménez, quien se limitó a cantinflear con la lectura de un comunicado que no comunicó absolutamente nada.

“Informó” que se había iniciado una carpeta de investigación (lo que resulta obvio y es su obligación), que “no se descarta ninguna línea de investigación” (con lo que evitan admitir que no tienen idea -o no quieren rebelar- sobre el origen del ataque), que “las indagatorias se desarrollan con apego a la legalidad, al debido proceso y al respeto de los derechos humanos”, lo que ya está incluido en el “machote” de todos sus comunicados; que hay una “estrecha coordinación” Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (lo que es otra obviedad y nada aclara sobre los hechos) y, finalmente, que “las investigaciones continuarán hasta el esclarecimiento de los hechos, con el objetivo de que no haya impunidad”.

Nada, pues, que resultara en alguna señal sobre las razones y los responsables del ataque.

En momentos de tanta tensión en la relación entre Rocío Nahle y la prensa adquiere mayor relevancia lo expresado por la gobernadora, quien aseguró que en la entidad hay libertad de expresión “en exceso”.

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Epílogo.

El gobierno estatal ha acumulado una buena cantidad de “temas pendientes”, asuntos que requieren de la pronta intervención de las autoridades, pero por incapacidad o por indolencia, han fallado en sus objetivos. *** La atención de salud, la seguridad y la reparación de las vías terrestres de comunicación son claros ejemplos de eso. *** Otro tema en el que el gobierno de Veracruz ha fallado (y es muy evidente) es el combate a la plaga del Gusano Barrenador de Ganado (GBG), que ha llevado a los productores de la entidad a una severa crisis, pues las reses de Veracruz están vetadas en la mayoría de los estados del norte. *** Es por eso por lo que suena a burla lo publicado este fin de semana por el secretario de desarrollo Agropecuario, Rodrigo Calderón Salas. En sus redes sociales se puede leer: “En Tuxpan, con la honrosa representación de nuestra gobernadora Rocío Nahle, participé en la reunión, organizada por Agricultura, con autoridades de los tres niveles de gobierno, asociaciones ganaderas y organismos de sanidad animal, para atender temas relacionados con la ganadería. Juntos, revisamos avances y acordamos nuevas estrategias para reforzar las acciones zoosanitarias, con un plan estratégico de prevención, control y erradicación de la miasis por GBG”. *** Dice el funcionario que revisaron “avances” en el combate al gusano. Seguramente se refería a los avances que ha conseguido la plaga, pues ya llegó a Tamaulipas y está claro que eso tiene que ver con los fallidos protocolos zoosanitarios implementados en Veracruz. *** Contrario a lo que dicta el sentido común, en diciembre la dependencia a cargo de Rodrigo Calderón ya no les renovó sus contratos a los inspectores de ganadería. ¿Cómo pretende -entonces- frenar el avance del gusano?

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