Apenas en octubre pasado, se informó que en ese momento el monto observado alcanzaba los 1,114 millones de pesos. De esa cifra, 1,078 millones corresponden a la Auditoría Integral a Recursos del Gasto Federalizado Transferidos para ser ejercidos en materia de salud, y 28 millones de pesos al Fondo de Aportaciones.
La tercera entrega publicada la semana pasada sumó observaciones por 712 millones de pesos al Ejecutivo estatal, correspondientes al 2024. Es decir, casi 2 mil millones de pesos en total en sólo un año.
No se trata de simples observaciones o faltas administrativas menores. Hubo una bien aceitada máquina de saqueo, teniendo como herramienta principal la famosa “licuadora”. También exhibe como algunos funcionarios pasaron de mendigos a millonarios.
Por ejemplo, el gobierno facturó ¡salmón noruego y filetes de arrachera!, supuestamente para alimentar a los reclusos en penales del estado. Lo grave es que no hay constancia de su ingreso a las prisiones, así que alguien comió a cuerpo de rey a cuenta de los veracruzanos.
Durante el sexenio de Cuitláhuac se gastaron 414 millones de pesos en la compra de alimentos para los penales y Centros de Readaptación de la entidad. El informe señala que, en los contratos de suministro de alimentos, se facturaron “productos alimenticios de alto costo, pero no se acreditó la entrega formal de los insumos y tampoco la ejecución”.
Según han confirmado distintos medios, la SSP borró todo rastro de esos contratos de las plataformas de transparencia, sin embargo, el gobierno de Nahle repitió en 2025 la contratación de una de las empresas involucradas.
Cuitláhuac y sus secuaces también pusieron a funcionar la licuadora a su máxima capacidad. Entre las anomalías detectadas se encuentran “transferencias a cuentas adicionales donde se mezclaron diversas fuentes de financiamiento, recursos que posteriormente fueron utilizados para cubrir servicios personales y gastos de operación sin la debida trazabilidad.”
Pese a ello, y luego de haber sido ella misma quien interpusiera las primeras denuncias, la gobernadora Rocío Nahle acusa a la ASF y no a Cuitláhuac por el atraco.
Nahle responsabilizó a la ASF por no revisar a fondo la documentación que la administración Cuitláhuac entregó para solventar las observaciones de la Cuenta Pública 2024.
Sólo falta que la presidenta Sheinbaum y la gobernadora Nahle exijan lo mismo que con las gravísimas denuncias de Julio Scherer en contra del círculo íntimo de López Obrador: ¡Qué investiguen a García Luna!
La puntita
A Javier Duarte le iniciaron un nuevo proceso penal por el presunto desvío de 5 millones de pesos, lo que podría prolongar su estancia en la cárcel otros 14 años. ¿Cuántos años de cárcel alcanzarían Cuitláhuac y sus secuaces por los 2 mil millones que se robaron? Pueden dormir tranquilos. El mando de impunidad los cobija.
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