“Puedes solicitar su apoyo si tienes dudas sobre el cumplimiento de tus obligaciones, si el SAT te ha notificado un crédito fiscal, si tienes problemas con devoluciones de saldo a favor, o si consideras que una autoridad fiscal actuó de manera injusta o ilegal.”
La Prodecon empezó a tomar visos de su existencia a partir de la reforma fiscal de 2004, pero tardó varios años en nacer, pues fue hasta septiembre de 2006 que se publicó el decreto y la Ley Orgánica de la nueva dependencia. Sin embargo, la Procuraduría General de la República presentó una impugnación porque la ley resultaba anticonstitucional. El conflicto legal se resolvió hasta el 16 de mayo de 2008 y sus reformas definitivas se publicaron en septiembre de 2009. Así, el “28 de abril del (sic) 2011, de una terna propuesta por el titular del Ejecutivo Federal fue electa por el Senado de la República la licenciada Diana Bernal Ladrón de Guevara como primer Ombudsperson fiscal en México”, y como se estableció que contaba con hasta 120 días para instalar la procuraduría, fue finalmente el 1º de septiembre de 2011 cuando finalmente abrió sus puertas para atender al público.
En Veracruz, la delegación estatal de la Prodecon se estableció en unas decorosas oficinas situadas en la esquina de la Avenida Independencia, esquina con la calle Emparan, en el Puerto, desde donde se ofreció una atención distinguida a todos los solicitantes de sus servicios.
Pero llegó la austeridad de la 4T, y desde las oficinas centrales llegó la orden de que debían cambiarse a un lugar más modesto, tal vez pensando que los contribuyentes no se merecen ser atendidos en lugares que tengan algún lujo o comodidad.
Así, la Prodecon fue situada en un edificio de la Avenida 5 de mayo, en un espacio que hasta entonces había sido una bodega. Las nuevas instalaciones son indignantes y vergonzosas, y por lo mismo son molestas e incómodas, tanto para el personal que labora en ellas como las personas que acuden a solicitar alguna asesoría.
Otra más del Gobierno austero de la Cuarta Transformación, que en su afán de reducir gastos de operación termina por hacer la vida imposible a sus trabajadores y a los ciudadanos en general.
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