La noticia debería provocar una movilización política inmediata. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario. Las autoridades parecen haber normalizado lo que en cualquier sociedad responsable sería considerado una emergencia ambiental.
El caso del río Sedeño es emblemático. A su paso por el fraccionamiento Lucas Martín, lo que alguna vez fue un afluente natural forma parte hoy de una extensa red de desechos líquidos y sólidos que atraviesa la ciudad. Lo mismo ocurre con los ríos Carneros, Sordo, Santiago, Zapotillo, Castillo y Coapexpan, además de numerosos arroyos urbanos convertidos en colectores clandestinos de drenaje.
Lo más grave es que nadie puede alegar desconocimiento.
Los estudios existen. Los diagnósticos existen. Las denuncias vecinales existen. Las fotografías existen. Las evidencias son visibles incluso para quien recorre la ciudad durante unos cuantos minutos.
Lo que no existe es una política pública eficaz para revertir el problema.
La contaminación de los Lagos de El Dique representa otro ejemplo de una crisis anunciada. Mortandad de peces, proliferación de algas y deterioro constante de la calidad del agua son fenómenos documentados desde hace años. El lago de Las Ánimas registra cambios de color y olores insoportables provocados por la saturación de drenajes. La laguna de Casa Blanca permanece atrapada entre el abandono gubernamental y la acumulación de basura.
Mientras tanto, los discursos oficiales suelen concentrarse en campañas de reforestación, jornadas simbólicas de limpieza o actividades conmemorativas cada Día Mundial del Medio Ambiente.
Es la diferencia entre administrar fotografías y resolver problemas.
Resulta más sencillo organizar eventos protocolarios que enfrentar el costo político de invertir en infraestructura hidráulica, sancionar descargas clandestinas o modernizar plantas de tratamiento.
La realidad es que el agua contaminada no distingue colores partidistas.
Los gobiernos municipales pasan. Las administraciones estatales cambian. Los funcionarios se relevan unos a otros. Pero la contaminación permanece, se acumula y se profundiza.
El problema ya no es exclusivamente ambiental. También es sanitario.
Monitoreos realizados por organizaciones como Global Water Watch han detectado presencia de bacterias como E. coli y coliformes fecales en diversos manantiales comunitarios. En términos simples, eso significa que fuentes naturales utilizadas por la población muestran evidencias de contaminación asociada a residuos humanos y animales.
La pregunta ya no es si existe contaminación.
La pregunta es cuánto tiempo más puede soportar la ciudad antes de enfrentar consecuencias mayores para la salud pública y para sus ecosistemas.
Xalapa construyó durante décadas una identidad vinculada al agua. La capital de las flores, la ciudad de los manantiales, la región de la niebla y los bosques mesófilos. Esa narrativa sigue apareciendo en folletos turísticos y discursos oficiales.
Pero la realidad se empeña en desmontar la propaganda.
No puede presumirse riqueza natural mientras los afluentes reciben descargas clandestinas. No puede hablarse de sustentabilidad cuando los lagos se convierten en depósitos de materia orgánica. No puede invocarse el compromiso ecológico mientras los sistemas de tratamiento resultan insuficientes o ineficaces.
La solución requiere inversión, vigilancia, planeación urbana y voluntad política. Requiere asumir responsabilidades y dejar de administrar excusas.
Porque el verdadero problema no es que los ríos de Xalapa estén muriendo; el verdadero escándalo es que quienes tenían la obligación de protegerlos parecen haberse acostumbrado a verlos morir todos los días.
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