A pregunta directa sobre el tema de la reportera Fabiola Martínez, el magistrado presidente Gilberto Bátiz destacó que “la nulidad de la elección, en cualquier contexto, en términos punitivos, es la pena de muerte de una elección, el escenario menos deseable”.
Bátiz subrayó que en el contexto democrático lo que se busca es preservar la decisión tomada por los electores a través de los votos válidos “y solamente cuando existen probados casos en que haya injerencia, determinancia, y que se haya vulnerado la voluntad de la ciudadanía es cuando puede hablarse que existen elementos para no dar como válida una elección”.
El presidente del TEPJF dijo que, si bien hoy existe una nueva causal de nulidad (injerencia extranjera), tiene los mismos principios y ponderación que se deberán exigir como una condición para proceder en esos términos.
“(La nulidad) es el escenario menos deseable y no se trata de una manifestación tácita que se tiene que hacer, sino que se debe cumplir con altos estándares probatorios porque lo que se pretende es preservar siempre la voluntad de la ciudadanía”, comentó a la prensa.
A su vez, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña subrayó que sólo ha habido un par de casos con ese desenlace, por hechos cometidos por grupos delincuenciales.
Citó que, por ejemplo, en 2003, en el municipio de Torreón, Coahuila, se dio el fenómeno identificado como “Hombres de negro”, cuando un grupo intimidó abiertamente a los electores, y ahí sí, el Tribunal Federal Electoral anuló esos comicios.
Sin embargo, rememoró que seis años antes, en Las Margaritas, Chiapas, la Sala Superior del máximo tribunal electoral decidió no anular bajo el argumento de que al hacerlo fomentaría los ataques como camino para derribar una elección.
Y mencionó que un punto intermedio ocurrió en el estado de Michoacán, en 2021, al invalidarse solamente las casillas donde un grupo armado tomó las urnas y las devolvía llenas, pero al final se preservó la votación legalmente recibida.
“En ese episodio estuvo totalmente probado porque es de esas veces que se hace de una manera totalmente burda; los funcionarios de casilla certificaron los hechos en las hojas de incidentes, donde se presenta un grupo armado casilla por casilla secuestrando las urnas y regresándolas llenas, en favor de un candidato.
“Ahí lo que hicimos fue anular las casillas en las que se realizó este fenómeno, es decir, fue como una especie de extirpación de tumor y después de ello se determinó al ganador, acorde con la votación democráticamente recibida”, explicó el magistrado.
Ello parece haber despreocupado a la oposición, pues anteayer, en una cena con motivo del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, sin la presencia del embajador Ronald Johnson –cuya asistencia habían confirmado los organizadores pero el cual tuvo que viajar a Washington para atender asuntos que sigan manteniendo una relación “fuerte” y “benéfica” entre ambas naciones–, el presidente de la American Society (AMSOC), Larry Rubin, propuso a la comunidad empresarial binacional y a líderes del PAN y PRI un tratado de lucha contra el crimen, pues dijo que ambas naciones deben enfrentar la situación de inseguridad en conjunto.
El evento fue organizado por la AMSOC y copatrocinado por el empresario antimorenista Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, a quien se ha comenzado a mencionar como posible candidato de la oposición para la sucesión presidencial de 2030.
Según la reseña que hizo Alejandro Alegría, reportero de La Jornada, entre los asistentes a la gala se encontraban el dirigente del PRI, Alejandro Moreno; Jorge Romero, presidente del PAN; la panista Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados; el ex candidato presidencial y actual coordinador de los senadores de Acción Nacional, Ricardo Anaya; la senadora ex morenista y ahora blanquiazul Lilly Téllez, así como la ex lideresa nacional del PRD y ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Rosario Robles, y hasta Sergio Meyer, diputado que recién renunció a Morena.
Tras señalar que la inversión llega cuando hay confianza en las instituciones, estado de derecho, reglas claras y consistentes, Rubin indicó que México puede ser el principal destino de inversión del mundo en esta década, y que América del Norte puede ser la región más competitiva, innovadora y próspera.
No obstante, comentó que “ninguna estrategia de prosperidad estará completa si no enfrentamos juntos el principal desafío que limita nuestra potencialidad común: el crimen organizado”.
Si bien señaló que no es un problema exclusivo de México, el dirigente de la AMSOC indicó que “necesitamos un nuevo nivel de cooperación para enfrentar juntos a quienes amenacen la seguridad y prosperidad de todos.
“Queremos poner sobre la mesa una propuesta. Así como el tratado de libre comercio transforma la manera en que nuestras economías colaboran, hoy solicitamos un nuevo nivel de cooperación para enfrentar juntos a todo aquel que amenaza nuestra seguridad y nuestra prosperidad. Necesitamos un TLCC, Tratado de Lucha Contra el Crimen.”
Apuntó que no se busca señalar culpables, sino construir soluciones, “porque el crimen organizado destruye vidas en ambos lados de la frontera, porque el lavado de dinero afecta a nuestras economías y porque ningún país puede resolver solo el problema que es por naturaleza trasnacional. La cooperación no debilita la soberanía, la fortalece”, concluyó Rubin.
Según la crónica periodística del reportero de La Jornada, a la cena anual organizada con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, también acudieron Silvio González, ministro consejero para diplomacia pública de la embajada de Estados Unidos, en representación de Johnson, y José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
Y EL PAN DENUNCIA A AMLO ANTE
LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
Anoche, en su edición digital, el diario Reforma publicó que el Partido Acción Nacional presentó ante la Corte Penal Internacional una denuncia en contra del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador por su presunta responsabilidad en la comisión de crímenes de lesa humanidad derivados de pactos político-criminales.
La denuncia cita que los posibles delitos de lesa humanidad se reflejan en los más de 200 mil homicidios que han ocurrido en el País, las más de 150 mil desapariciones, el reclutamiento forzado de jóvenes, el desplazamiento de comunidades enteras y la existencia de amplias regiones del País bajo control de cárteles del narcotráfico.
El PAN sostiene que la realidad que hoy vive México en materia de seguridad no es producto de la casualidad o de desarrollos delictivos aislados, sino de la deliberada, calculada y sistematizada colaboración permisiva del Estado mexicano que permitió e incluso provocó el establecimiento e hiper empoderamiento del crimen organizado en el País, a partir de un pacto político con ellos, el que participaron Gobiernos locales, pero sobre todo el federal.
De acuerdo con el PAN, entre 2018 y 2024 se implementó una política deliberada de cesión de soberanía frente al crimen organizado, con casos emblemáticos en Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán, entre otros.
El narcopacto conocido como “abrazos, no balazos”, afirmó, permitió a los grupos criminales expandir su poder territorial, económico y político, mientras el Estado renunciaba a ejercer plenamente su autoridad.
Acusó también, que no sólo se toleró el avance del crimen organizado, sino que se sustituyera al Estado en amplias zonas del País.
Al mismo tiempo, agregó, han surgido señalamientos e investigaciones sobre presuntos vínculos entre actores de Morena y organizaciones criminales en estados como Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.
El PAN recordó casos como los del Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y los Mandatarios Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, los cuales han profundizado la preocupación sobre la penetración del crimen organizado en el poder político.
Acción Nacional informó que decidió acudir a la Corte Penal Internacional ante la poca capacidad de instituciones nacionales para garantizar investigaciones independientes y adelantó que seguirá realizando las denuncias necesarias, ya que las víctimas merecen verdad, justicia y rendición de cuentas.
“Acudimos a la Corte Penal Internacional, ante instituciones nacionales cada vez menos capaces de garantizar investigaciones independientes. Acción Nacional seguirá denunciando todo lo que tenga qué denunciar”, advirtió. |
