Fue el martes 16 de diciembre alrededor de las 10 de la mañana. Los empleados de la gasolinera de Amatlán ubicada en el kilómetro 1 de la autopista de Córdoba a Orizaba trabajaban como todos los días, cuando se llevaron el susto de su vida porque de repente irrumpieron vehículos de un operativo de la Fiscalía General de la República (FGR) coordinada con elementos de la Fiscalía estatal y de representantes de Pemex. Eran patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública, del Ejército y de la Guardia Nacional.

Llegaron con lujo de rapidez y de fuerza a hacer un cateo porque tenían la sospecha de que en ese lugar se despachaba gasolina ilegal. Revisaron y resguardaron unos autotanques que presuntamente estaban llenos de huachicol. El problema es que nadie del operativo presentó una orden judicial que justificara la intromisión a la empresa. Sólo se apoderaron del lugar y requisaron el supuesto combustible clandestino.

Y se llevaron presos, también sin orden alguna, a dos despachadores de la gasolinera, a tres choferes de pipa, a un mecánico y entrados en gastos hasta a cinco empleados de una constructora que estaban un haciendo un trabajo de remodelación en el lugar.

Ya puede usted imaginar la escena: llegan los uniformados con lujo de violencia verbal y física, amagan con sus armas a personas inermes, capturan a los inocentes empleados y a quienes tuvieron la mala suerte de estar trabajando en el lugar y se los llevan en las patrullas con rumbo desconocido.

Tuvieron una suerte los detenidos: cuando menos no fueron acusados de ser terroristas.

Los familiares de las personas detenidas se organizaron como pudieron y unas horas después llegaron hasta la gasolinera a preguntar a los policías que estaban resguardando qué había sucedido con sus parientes, pero los uniformados les contestaron que ellos no sabían nada. Fue hasta las 10 de la noche, 12 horas después de que fueron detenidos, que un agente investigador de la FGR con sede en Córdoba se comunicó con ellos y les informó que en su oficina permanecían todos los detenidos y que estaban invitados a acercarse a ese lugar para que recibieran información sobre su condición legal. Y se enteraron que los 11 inocentes ciudadanos estaban acusados de cometer “delitos en materia de hidrocarburos” y que en dos días más serían trasladados a Xalapa para que un juez dictaminara su situación legal. Pero no, pasadas las 48 horas, el mismo agente de la FGR les dijo que ahora estaban siendo acusados por delincuencia organizada y de plano les recomendó que buscaran un abogado.

Y de repente el viernes 19 a las 2 de la tarde, sin que mediara ninguna acción legal, los 11 detenidos fueron liberados milagrosamente, aunque les advirtieron que seguirían siendo investigados.

¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue posible que se detuviera a ciudadanos, que se requisaran vehículos cargados con combustible legal sin que mediara una orden judicial? Es un caso más de abuso de autoridad en Veracruz, en donde están sucediendo cosas sospechosas de parte de las autoridades.

¿Explicará alguien esa intervención de elementos armados sin ningún fundamento legal, como otras más?

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