Por eso adquieren especial relevancia las declaraciones del magistrado presidente del Tribunal Electoral de Veracruz, Gilberto de Jesús Salazar Ceballos, al advertir que las conductas relacionadas con actos anticipados de campaña pueden llegar a comprometer incluso el registro de una candidatura cuando exista reincidencia o cuando la gravedad de la infracción así lo amerite.
No se trata de una amenaza. Se trata de la aplicación de la ley.
La legislación electoral mexicana nació precisamente para impedir que quienes tienen mayores recursos económicos, control gubernamental o presencia mediática obtengan ventajas indebidas sobre los demás contendientes. La equidad en la competencia no es un capricho jurídico; constituye uno de los pilares de cualquier elección democrática.
Sin embargo, pareciera que algunos actores políticos consideran que las sanciones forman parte del costo de hacer negocios. Pagan una multa, presentan un recurso, ofrecen una conferencia para victimizarse y continúan exactamente con la misma estrategia. Su apuesta consiste en saturar el espacio público con su imagen durante meses para llegar a la campaña formal con una ventaja construida al margen del espíritu de la ley.
Esa lógica representa una profunda degradación de la competencia democrática.
Lo más preocupante no es únicamente que existan aspirantes dispuestos a estirar la liga jurídica hasta casi romperla. Lo verdaderamente alarmante sería que las autoridades encargadas de vigilar el proceso observaran esas conductas con indiferencia o excesiva complacencia. La impunidad también hace campaña.
El propio presidente del Tribunal Electoral fue claro al precisar que aparecer en el padrón de personas sancionadas no implica automáticamente la pérdida del derecho a ser candidato. Pero también dejó perfectamente establecido que la reincidencia y la gravedad de las conductas pueden modificar completamente ese escenario.
Ahí está la diferencia entre una falta aislada y una estrategia sistemática para burlar la legislación.
Muchos acelerados deberían leer con mayor detenimiento esa advertencia. Porque existe la falsa creencia de que mientras no pronuncien literalmente la frase "vota por mí", todo lo demás está permitido. La jurisprudencia electoral mexicana ha demostrado en múltiples resoluciones que el análisis de los actos anticipados no depende únicamente de las palabras utilizadas, sino del contexto, la intención, la sistematicidad, la difusión y el efecto que producen frente al electorado.
No basta cambiarle el nombre al acto político para convertir una campaña en una reunión ciudadana. Tampoco basta colocar el logotipo de una asociación civil para ocultar un proyecto electoral perfectamente identificable. La simulación también deja huellas.
En Veracruz ya comenzó una competencia silenciosa por aparecer primero en bardas, espectaculares, redes sociales, entrevistas pagadas y eventos multitudinarios. Todos dicen respetar la ley mientras buscan la manera más ingeniosa de rodearla. Es el viejo deporte nacional: cumplir la norma únicamente cuando ya no queda otra alternativa.
Pero esa estrategia puede convertirse en un búmeran.
Quien hoy presume músculo político mediante campañas disfrazadas podría descubrir demasiado tarde que la propaganda anticipada termina siendo el expediente probatorio que un adversario necesita para impugnar su candidatura. En política, los excesos suelen cobrarse con intereses.
La democracia exige competencia, no ventaja ilegal; exige convicción, no simulación; exige respeto a las reglas, no abogados especializados en encontrar resquicios para burlarlas. Cuando los aspirantes empiezan violando la ley para llegar al poder, lo verdaderamente ingenuo sería esperar que después gobiernen respetándola.
Porque quien necesita hacer trampa antes de ser candidato ya anunció, sin decir una sola palabra, cómo piensa ejercer el poder cuando llegue a él.
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